Vivienda, ¿privativa o ganancial?
06/11/2026
Muchas son las cuestiones que desde que salió la última reforma de la Ley Concursal, y el Texto Refundido de la misma, en septiembre de 2022, se han ido perfilando y concretando, a veces incluso cambiando, por nuestros Tribunales de Justicia, Tribunal Supremo, en España y más allá, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que finalmente decide, de las cuestiones prejudiciales que presentan nuestros Tribunales, y otros, sobre temas controvertidos y que se resuelven de manera distinta, y desde luego no uniforme, por cada Tribunal de cada región o Comunidad Autónoma, con respecto al mismísimo TRIBUNAL EUROPEO.
El crédito público, la vivienda habitual, la responsabilidad de los administradores de las Sociedades Mercantiles que han visto como la Administración Pública les ha derivado la responsabilidad de aquellas y, por ende, privándoles de la Exoneración por ello como personas físicas, la buena fe en el deudor, el endeudamiento irresponsable... ahora un paso más, la manera en cómo determinar las deudas en el listado de acreedores, va a ser, ya lo esta siendo, determinante a la hora de concederse o no la Exoneración por nuestros Tribunales; en definitiva, el debate está en si es posible que, sin decirlo la Ley Concursal, ni su Texto Articulado o Refundido, los Tribunales puedan decidir sobre ello, sobre lo que no está establecido en la Ley como requisito para tener acceso a esa Segunda Oportunidad.
Sabemos que nuestros Tribunales están resolviendo esas cuestiones controvertidas que la práctica da, pero la mayoría de las veces, de forma distinta dependiendo en qué lugar de la Geografía Española nos encontremos, y como decimos, extralimitándose, dicho sea con los debidos respetos, de lo que dispone la Ley Concursal de manera expresa, y lo que dice sobre los requisitos establecidos para exonerar esa deuda, para finalmente, dejándola de un lado, resolver que no se exonera, o incluso sobre si tiene o no derecho a la Segunda Oportunidad.
Por ello, NUEVAS CUESTIONES PREJUDICIALES ANTE EL TJUE se están dando SOBRE LA RECIENTE Y ORIGINAL DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN DE DEUDAS Y EXONERACIÓN. La doctrina que se está creando por nuestros Tribunales por tanto, va más allá de lo que dice la Ley, en base a las sentencias dictadas a lo largo de este año desde el mes de febrero por el Tribunal Supremo, sobre la manera de identificar las deudas, los acreedores, los listados de ellos y las cantidades, su origen, causa clara, contrato, fechas exactas, y destino de esas cantidades, así como salarios o ingresos que cada solicitante tenía cuando se endeudó y cuando ha aparecido la deuda, o mejor dicho, la insolvencia. Todas ellas cuestiones que, como se puede comprender, en muchas ocasiones es difícil, por no decir imposible, de determinar con tanto detalle, por la antigüedad de las mismas, sobre todo, y por muchas vicisitudes más, que pueden hacer, y de hecho lo están haciendo, que se les deniegue la Exoneración del pasivo pretendida.
Por tanto, lo que estamos viviendo ahora los operadores jurídicos que nos dedicamos a estos temas de manera profesional son los excesos interpretativos que introducen restricciones que el legislador no ha previsto y que, sin duda alguna, hacen inviable en muchas ocasiones, la Exoneración solicitada por tantas personas físicas o Autónomos, y que, sin duda, afectan seriamente a la eficacia de la Segunda Oportunidad.
Así un auto del Tribunal de Instancia de Alicante, de 27 de octubre de 2026, plantea cinco cuestiones prejudiciales al TJEU sobre una pregunta importante, ¿puede una deuda legalmente exonerable sobrevivir porque no quedó suficientemente identificada, incluso cuando el deudor actuó de buena fe, incluso cuando el acreedor afectado, en este caso un banco, no se había opuesto a la exoneración inicialmente y después solicito el detalle individual de cada crédito afectado o en su caso que fuera excluido de la Exoneración?
El Tribunal cuestiona que una exigencia formal termine frustrando la segunda oportunidad, especialmente cuando el deudor desconoce el importe exacto de una deuda o quién es su titular tras una cesión.
Las cuestiones planteadas abordan otros temas no menos importantes que ése, si el hecho de no individualizar una deuda impide que sea exonerada, y si eso es así, si esa restricción la pueden imponer nuestros Tribunales sin estar prevista legalmente, si al final es igual ocultar por el deudor una deuda de manera deliberada, o no; si un acreedor, que en ningún momento del proceso ha dicho nada, al final lo hace puede verse beneficiado por no exonerar dicha deuda, ¿qué punto de identificación es necesario exigir al deudor para poder acceder a su derecho?
Nuestros Tribunales deben lealtad al Tribunal Supremo, pero cabe realizarse una pregunta, ¿la jerarquía judicial exige sumisión al pie de la letra de los criterios jurisprudenciales del Alto Tribunal?
El TJUE aún debe pronunciarse. Pero el debate ya está planteado, si una deuda subsiste y no se exonera, por una omisión no deliberada del deudor, por no fijar bien la cuantía, o por desconocer el titular actual de la deuda cuando ha sido cedida.
Se resolverá en Europa, pero mientras tanto, aquí en España habrá inseguridad jurídica, tanta como tantos jueces haya en las distintas regiones y Comunidades Autónomas, porque los criterios son dispares hasta ese punto, siendo importante donde viva el solicitante porque será donde se tenga que iniciar el procedimiento, y por ende, dónde se resuelva, creando desigualdades en un tema que es de suma importancia para la mayoría de la población, ya que les puede cambiar la vida y como su nombre indica, poder llegar a tener una segunda oportunidad real.
