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Y JUANA, a pesar de conseguir un Indulto Parcial, puede verse envuelta en otro delito mucho más serio…
Este es un caso en el que se han ido conjugando varios delitos muy controvertidos, violencia de género, sustracción de menores respecto a uno de sus progenitores, condena penal alta a quien ha sustraído, la madre de los menores que fue víctima de esa violencia de género por el padre de ellos, éste víctima a su vez del delito de sustracción de los menores, y todo ello, en aras y como objetivo último el conseguir el bien principal de los menores.
Este entramado de circunstancias se ve aderezado por la polémica reciente sobre la aplicación del Indulto Parcial concedido a Juana Rivas, en extremis, por el Poder Ejecutivo, tras ser rechazado por el Jurisdiccional, para terminar con la negativa del Juzgador ejecutor de la pena, a suspenderla, entre otras cuestiones, por entender que hay indicios de la comisión por la condenada de otro posible delito, el de abusos sexuales a uno de los menores, lo que entroncaría, finalmente, con el bien supremo que es el del menor ante todo, y, sobre todo, cuando están bajo su custodia.
Las cosas por tanto se le complican mucho a Juana, a quien le está saliendo muy cara su decisión en el año 2017 de esconder a sus dos hijos menores de su padre, Francesco Arcuri, de quien se había declarado víctima de malos tratos. Estos hechos le han supuesto una condena rebajada de forma definitiva por el Tribunal Supremo en este año, a la pena de 2 años y seis meses de prisión por un solo delito de sustracción de menores, sus dos hijos, del padre de los niños, señor Arcuri, además de la retirada por ese tiempo de la patria potestad de los menores a su madre.
Pero la reprobación de sus actos, repetidos de forma reincidente en Italia mientras salía su condena definitiva del Supremo y tras ser condenada inicialmente a cinco años de prisión en la primera sentencia de su caso, no termina ahí, ahora y concedido finalmente un Indulto Parcial por el Poder Ejecutivo, que significa reducción de la condena, en este caso a una que se puede suspender por ser inferior a dos años de prisión y no tener antecedentes penales y no ser delincuente primario, como es el caso de Juana, además de poder recuperar la patria potestad de sus dos hijos con la condición de la realización de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, todo ello en interés de los menores, sin embargo topa con el muro de su juez sentenciador, Piñar, quien con su negativa a tal suspensión deja sin efecto el Indulto Parcial concedido por el Gobierno.
Varias preguntas cabe hacernos sobre todo esto, ¿la Ley del Indulto se puede acomodar a la realidad social de nuestros tiempos, cuando data de 1870? ¿Pueden finalmente no cumplirse sentencias condenatorias que, porser controvertidas como la presente, así lo decida el Consejo de Ministros, al tratarse de un caso mediático y con mucha presión social?¿Es justa esa decisión aplicando una Ley, tal vez trasnochada, por encima de lo que han dictaminado las máximas instancias de la Judicatura, el Tribunal Supremo? Por último, ¿todo esto es realmente por el bien máximo de los menores?
Lo dejamos ahí, pero lo cierto es que, ahora, el Juez Piñar, que es quien condenó inicialmente a la señora Rivas y quien finalmente tiene que ejecutar la sentencia definitiva, el que, aplicando los artículos 80 al 87 de nuestro Código Penal, ha tomado la decisión, de momento, de dejar sin efecto, en realidad y en la práctica, el objetivo final de ese Indulto Parcial, cuál era la suspensión de la pena de prisión y recuperación de la patria potestad por la señora Rivas, lo cual, por ahora, le ha sido denegada por citado magistrado, argumentando entre otras cuestiones la ausencia de su arrepentimiento, la posible reincidencia en la posible comisión de nuevos delitos similares, y sobre todo, y una vez más, apelando al bien supremo de los menores: la existencia de indicios de abusos sexuales de la madre a uno de los niños, en una causa que esta archivada provisionalmente por falta de pruebas en su autoría, pero que esta ahí.
En definitiva, al final, es el Poder Judicial el que de momento lleva la delantera. Veremos cómo acaba este controvertido asunto, en el que también los partidos políticos parece que tienen bastante que decir, al pedir comparecencias y explicaciones sobre el caso a los representantes máximos del Consejo de Ministros.
